Andalucía, con 2.500 yacimientos arqueológicos catalogados, impone sanciones muy duras contra el expolio, de hasta un millón de euros.
Durante el año 2013 se imputaron o detuvieron a 184 personas por infracciones relacionadas con el Patrimonio Arqueológico andaluz. En la comunidad hay más de 2.500 yacimientos catalogados, y eso la convierte en uno de los territorios con más zonas arqueológicas registradas de España. Las provincias en las que hay mayor número de entidades arqueológicas son Sevilla, Jaén y Córdoba. Las tres están en el punto de mira de los especialistas en expolios.
La zona donde se registran más restos es la cuenca del Guadalquivir, el río que Góngora llamó el «gran rey de Andalucía», con asentamientos desde la más remota antigüedad y donde cada uno de los pueblos, desde la época romana en que lo llamaron Betis, hasta «el río grande» árabe, dejaron alrededor de su cauce señales de sus civilizaciones.
La mayoría de los restos arqueológicos de la comunidad son asentamientos y edificios -más del 60% del total-, a continuación el volumen mayor sería de edificios dotacionales y militares, representaciones rupestres, con útiles líticos -herramientas de piedra-, edificios residenciales y, por último, religiosos. La conservación pública del patrimonio arqueológico conforma, por su incalculable valor, uno de los focos artísticos a los que más atención se les presta.
Pero la conservación pública se enfrenta a su principal enemigo: aquellos que se dedican al expolio. José Manuel Hidalgo, inspector arqueólogo de la Consejería de Cultura, explica que la presencia de los expoliadores en la región atiende a que «Andalucía, al tener uno de los patrimonio arqueológicos más ricos, es en donde, de alguna manera, el expolio se profesionaliza». La comunidad es una de las más afectadas por esta actividad, junto con la comunidad valenciana y las dos Castillas.
La Ley 18/65 de Patrimonio Histórico español define el expolio como «toda acción u omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o algunos de los valores de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español o perturbe el cumplimiento de su función social».
No todos los expolios son iguales, el perfil de la persona que saquea restos arqueológicos varía según el fin que busque, «bien por hobby o bien el que busca dinero», señalan fuentes del Seprona. «Frecuentemente el expoliador se inicia en esta actividad con una afán casi recreativo y llevado por el interés por incrementar su propia colección», apuntan la Guardia Civil de Córdoba.
Los expoliadores noveles centran su labor en un ámbito comarcal. Se trata de personas que salen los fines de semana y pese a que tienen una serie de conocimientos para identificar las entidades arqueológicas no son especialistas, informa el Seprona. Se les suele llamar piteros, nombre que remite al sonido que provoca el detector de metales, el aparato que llevan para ayudarse en su búsqueda.
Los agentes de Córdoba señalan que «los que toman la actividad como afición, a veces, llegan a círculos de personas e intereses donde, de forma ineludible, se entremezclan el intercambio de piezas con su compraventa y en donde figuran de forma activa de expoliadores profesionales, coleccionistas que han encontrado en el comercio una ayuda importante a la economía familiar y, desde luego, redes de tráfico de antigüedades».
El segundo tipo de expoliador, el que tiene una motivación económica, difiere mucho del primero. Posee amplios conocimientos arqueológicos y va directo a las piezas que sabe que puede encontrar, así como cartográficos, y trabaja -pues convierte el expolio en su profesión- con aparatos muy sofisticados. El Seprona sabe que éstos funcionan en grupo, normalmente por la noche, y muchas veces por encargo. Recientemente, la Guardia Civil encontró a cuatro personas de un pueblo de Sevilla en una zona arqueológica de Zamora, de noche y con diferentes artilugios. «Sabían a por lo que iban y para quien», apuntan los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza.
La Benemérita cordobesa señala que esta actividad «mueve, en ocasiones, fuertes sumas de dinero y genera importantes beneficios», «es un mercado que mueve el mismo dinero, o más, que el narcotráfico a nivel nacional e internacional», concluye el Seprona.
Andalucía es una de las comunidades más duras en este sentido. En relación a los castigos impuestos por el uso de detectores «Andalucía y Extremadura son las únicas comunidades cuya legislación recoge su uso», señala uno de los responsables de la unidad de protección de Patrimonio Histórico de la Consejería de Cultura. «En Andalucía el uso del detector sin autorización previa ya tiene sanción», advierte el Seprona.
Las patrullas de este equipo de la Guardia Civil son los responsables de vigilar las zonas y yacimientos arqueológicos para localizar a las personas con piezas y detectores. Aunque poseer un detector no se multa, usarlo sin autorización previa tiene una multa de hasta 100.000 euros pero lo normal es que sea de entre 600 a 850, si se usa en una zona arqueológicas la sanción puede oscilar entre los 100.000 y los 250.000 euros, además de decomisar el aparato. Las cuantías que se pueden aplicar para las imprudencias en el Patrimonio Arqueológico pueden ir desde las infracciones leves con multas de hasta 100.000 a las infracciones muy graves con sanciones de hasta un millón de euros. Con penas de cárcel entre uno y tres años, además de la inhabilitación especial para profesión y oficio por tiempo de 1 a 5 años.
La lucha contra el expolio -señala Guardia Civil- abarca varios frentes, en la cabeza siempre está la labor de educación hacia los más jóvenes para concienciarlos de la necesidad de proteger el Patrimonio Arqueológico, o lo que es lo mismo parte de la memoria andaluza, con la destrucción irreparable que produce el expolio.
FUENTE: diariodejerez.es
